El Ministerio de Energía fijó esta semana su objetivo de que en el año 2050 al menos un 70 por ciento de la matriz eléctrica provenga de fuentes renovables, lo que representa el aumento del 58 por ciento con respecto al parque generador renovable actual. En la “Hoja de Ruta al 2050: Hacia una Estrategia Sustentable e Inclusiva”, el gobierno descarta de momento la introducción de centrales nucleares y hace especial énfasis en la inserción de nuevas centrales de generación eólicas y solares, complementadas por nuevos desarrollos hidroeléctrico.
Para alcanzar esa meta, el informe apunta a una alta penetración de las tecnologías solar y eólica, con más de 20 gigavatios cada una. De esta manera, el 19 por ciento de la demanda eléctrica sería cubierta por energía solar, un 23 por ciento por centrales eólicas y el 29 por ciento restante por centrales mini-hidráulicas, hidráulica de pasada y/o embalses. No obstante, la hoja de ruta también indica que de implantarse control inteligente de la demanda e instalar tecnologías de almacenamiento, el porcentaje de eólica y solar podría incrementarse.
Entre las medidas amparadas a corto plazo se encuentra la eliminación de barreras a la competencia a la generación, la adecuación a la regulación de la transmisión, así como mejorar los procesos de licitaciones de las distribuidoras. La hoja de ruta también propone asignar recursos públicos y privados para mejorar la competitividad de las fuentes priorizadas (solar, eólica e hidráulica), sin subsidios que distorsionen el mercado eléctrico.
A medio plazo se planea la creación de mecanismos de licitaciones para agrupaciones de clientes no regulados, monitorear el funcionamiento del mercado y defensa de la competencia, así como transparentar la información del mercado de contratos.
El informe también considera que la necesidad de ampliar el uso de instrumentos como el impuesto al carbono o de “cap and trade” (límite y transacción de emisiones) para mitigar las emisiones globales de gases de efecto invernadero del sector. En caso de un impuesto como instrumento principal para las emisiones globales, se considera que debería incrementarse gradualmente desde su nivel actual de 5 dólares por megavatio hora para contribuir de forma más efectiva a la reducción de emisiones. En el caso del cap and trade, el monto transado sería definido en base a los compromisos nacionales requeridos para cumplir con la visión de largo plazo. Chile se ha comprometido a reducir un 30 por ciento sus emisiones con cara a 2030.
La hoja de ruta es fruto de más de un año de trabajo del Comité Consultivo de Energía 2050 y en el que han participado 27 expertos. Una revisión del plan está prevista para el año 2020 a fin de introducir mecanismos de ajuste (como mecanismos de precio, licitaciones correctivas y adaptación de estándares y reglamento) si no se estuviera avanzando positivamente para alcanzar el objetivo del 70 por ciento renovable. También se analice en la factibilidad de otras alternativas no consideradas actualmente como la bionergía, energía marina y la también la nuclear. (Redacción)
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