El gobierno español aprueba los nuevos recortes al sector renovable

El ministro de Industria ha anunciado la aprobación del Real Decreto de Energías Renovables. Los recortes podrían ascender a hasta el 47 % con respecto a los ingresos previstos inicialmente para las instalaciones fotovoltaicas. Los productores fotovoltaicos han convocado una manifestación el 21 de junio en Madrid.

junio 5, 2014 pv magazine

El ministro de Industria, Energía y Turismo de España José Manuel Soria anunció el viernes la aprobación del Real Decreto (RD) de energías renovables el cual contempla el nuevo esquema de remuneración para las instalaciones de energías renovables en operación que ya fue introducido el pasado mes de julio. La nueva retribución sustituye al equema de tarifa de inyección para las instalaciones de energías renovables y para calcularla el gobierno ha establecido, para la fotovoltaica, varios cientos de parámetros que está previsto se publiquen próximamente en una Orden Ministerial.
Según cálculos de la asociación Unión Española Fotovoltaica (UNEF), los parámetros contemplados en el borrador remitido por el gobierno al Consejo de Estado a finales de mayo suponían recortes de hasta el 47 por ciento en los ingresos con respecto a lo previsto inicialmente por los inversores. La asociación estima que los recortes son de aproximadamente el 40 por ciento para 30 por ciento del parque fotovoltaico en España por lo que estas instalaciones no podrán afrontar sus deudas con las entidades bancarias.
"El RD aprobado hoy por el Consejo de Ministros penaliza no sólo el pasado, sino también el futuro. Con la inseguridad jurídica que se ha creado para nuestro país, será muy difícil en el futuro convencer a los inversores de que acudan a este sector, o solo lo harán con una prima de riesgo que perjudicará la competitividad de la tecnología”, ha afirmado el director general de UNEF José Donoso.
UNEF denuncia que no solo se recortan los ingresos de las instalaciones de energías renovables en operación sino que con la nueva regulación también se ven perjudicadas las nuevas instalaciones. La regulación contemplaría que dejara de existir la llamada "prioridad de despacho", es decir la prioridad de las instalaciones de energías renovables de vender la electricidad en el mercado mayorista. UNEF pone de relieve que la "prioridad de despacho" es un derecho contemplado en la normativa europea UE/2009/28.
Desde la introducción de una moratoria al fomento de las instalaciones de energías renovables en España en enero de 2012 se han anunciado un gran número de proyectos fotovoltaicos que no se acogerían a un esquema de fomento y para los que se ha previsto principalmente la venta de la electricidad en el mercado. De hecho, ya se han realizado instalaciones fotovoltaicas que no están acogidas a un esquema de fomento en España.
Por su parte, la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier) ha calificado la aprobación de esta legislación sin el consenso sectorial y político de "irresponsabilidad absoluta". Anpier ha recordado que 62.000 familias invirtieron 20.000 millones de euros en instalaciones fotovoltaicas y que todavía tienen 18.000 millones en deudas con la banca. Para protestar en contra de los recortes, la asociación ha convocado el día 21 de junio una manifestación en Madrid frente al Ministerio de Industria, Turismo y Energía.
En relación a las numerosas demandas de fondos y empresas en tribunales internacionales contra los recortes, el presidente de Anpier ha criticado duramente la actitud del gobierno. "Es muy triste pensar que el Estado, el conjunto de todos nosotros, soportaremos el grave riesgo de tener que indemnizar con miles de millones de Euros, vía presupuestos generales del Estado, a todos los fondos de inversión demandantes y a las familias españolas productoras, porque el sistema eléctrico recorta drásticamente estos pagos mensuales y, sin embargo, sobre-retribuye tecnologías e instalaciones ya amortizadas, como nucleares e hidráulicas, tal y como señala la propia Unión Europea, que ha identificado ésta sobre-retribución como causa del déficit de tarifa español", ha afirmado Martínez-Aroca, según se recoge en un comunicado.
El primer recorte a las instalaciones de energías renovables en operación fue introducido por el gobierno español en 2010. Desde entonces se han aprobado varias regulaciones con las que se mermaban los ingresos de los productores fotovoltaicos. Los cambios regulatorios han provocado demandas tanto a nivel nacional como a nivel internacional. A nivel internacional, varios fondos y empresas sectoriales han presentado demandas ante tribunales internacionales. La última de ellas fue presentada esta misma semana. El fondo InfraRed Envirnomental Infraestructure GP, con intereses en proyectos de energía solar termoeléctrica, presentó una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Y el mes pasado, la empresa NextEra Energy, con intereses asimismo en centrales termosolares, también presentó una demanda ante el mismo organismo. (Redacción)

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