México completa la reforma energética dando luz verde a la Ley de Transición Energética

La Cámara de Diputados de México aprobó el miércoles la Ley de Transición Energética (LTE) que contiene metas y mecanismos para la incorporación de las energías renovables en la matriz eléctrica. Este proyecto de ley, que supone la última fase de la reforma energética mexicana, será remitido ahora al Senado para su ratificación, institución donde estuvo atorado más de un año.

La recién aprobada LTE establece metas intermedias hasta alcanzar un 35 por ciento de energías limpias en el mix de electricidad en el año 2024, tal y como ha comprometido recientemente en la Cumbre del Clima que se celebra en París el presidente mexicano Enrique Peña Nieto. En concreto, para el año 2018 se establece una meta del 25 por ciento y del 30 por ciento para 2021. La ley establece la confección anual de un programa que instrumentará la penetración de energías limpias.
Se estipula que el primer programa estará versado en el Programa Especial de Aprovechamiento de Energías Renovables 2014-2018, que contempla un objetivo solar de 613 megavatios, objetivo que será modificado a más tardar en un año. No obstante, los objetivos del programa Prodesen 2015-2029, estiman la incorporación de 60 nuevos gigavatios para cubrir la demanda eléctrica en los próximos 15 años. Según esta hoja de ruta, la nueva capacidad solar a incorporar hasta el año 2029 es de tan solo 1.822 megavatios. El mismo informe consigna que en la actualidad la potencia solar total efectiva en México no supera los 56 megavatios.

La ley establece también los detalles del esquema de Certificados de Energías Limpias (CEL) para los que está previsto que se establezca un registro público. Estaba previsto que el esquema empezara a aplicarse a partir de 2018 con un porcentaje inicial del cinco por ciento. No obstante, la regulación aprobada permite a la industria una prórroga del 50 por ciento hasta el año 2020 de sus obligaciones frente a los CEL cuando "durante el año de aplicación de la obligación, la CRE (Comisión Reguladora de Energía) determine que el número total de CEL registrados no cubra al menos el 70% del monto total de la obligación para cada uno de los dos primeros años" o bien el precio de los CEL en las subastas sea mayor a 60 unidades de inversión (UDIS). No obstante, el presidente de la asociación solar Asolmex, Héctor Olea, estima que se ha "alcanzado un buen compromiso con la industria".

Sobre la flexibilidad en las obligaciones respecto a los CEL ha habido arduas disputas en los últimos meses. Mientras que la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) avisaba a principios de esta semana con interponer recursos contra la obligación y grupos industriales advertían que la introducción de la LTE supondría un incremento del 20 por ciento en el precio de la luz e incluso de posibles bancarrotas de la industria, la Asociación Nacional de la Energía Solar (ANES) minimiza ese posible impacto en nota de prensa: "Asumiendo, que la energía represente un muy alto 20 por ciento del costo total de la manufactura y que el costo de los CEL equivalga al 20 por ciento de costo de energía, eso generaría incrementos del 0,2 por ciento en el costo total de manufactura; esto no hacer va a colocar a ninguna compañía en el rango de incompetitiva".

ANES va un paso más allá e indica que "en un escenario conservador, tomando un costo actual de 85 centavos de peso por kilovatio hora (kWh), que son cinco centavos de dólar por kWh. Si los CEL no tiene una posición de subasta no muy agresiva, probablemente cuesten unos 17 centavos de pesos, el 20 por ciento de esos 85 centavos de pesos, serían equivalente a un centavo de dólar por kWh y sólo se debe pagar por el 5 por ciento de la energía; es decir 10 dólares por MWh de costo por CEL en un escenario conservador".

La ley aprobada es un respaldo a la apuesta mexicana por diversificar su futura matriz energética, según estimaciones del sector. "Lo principal es que se armonizan los objetivos de energías limpias", dice Héctor Olea de Asolmex. No obstante, "no es del todo lo esperado", según indica Iván Michel, actualmente representante del fabricante de módulos JinkoSolar en México y anteriormente responsable de Renovables en la Secretaría de Energía mexicana. Entre los grandes logros de los que se congratula el sector renovable es el haber conseguido que no se incluya como energía limpia al gas natural, propuesta por la que las asociaciones han tenido que luchar arduamente.

El presidente de Asolmex indica que en la actualidad existen proyectos fotovoltaicos por una capacidad de dos gigavatios que podrían ejecutarse a corto plazo. Su comercialización podría ser bien mediante mercado a corto plazo, contratos bilaterales o subastas. No obstante, otros cinco gigavatios fotovoltaicos cuentan actualmente con autorización de CRE para su construcción, cuyo futuro se presenta de momento incierto.
La LTE pendiente de ratificación en el Senado es considerada entre el sector solar como algo positivo. Entre otras cosas, se prevén medidas para impulsar la generación distribuida que incluyen apoyos fiscales. Según el borrador de la ley aprobada, se establecerán fondos para el fomento de las instalaciones solares y otras renovables, así como para el desarrollo e integración de tecnologías avanzadas para el almacenamiento de electricidad. Aunque también se especifica que esos fondos podrán "modificarse en función de la cartera de proyectos" según cada año fiscal. Dichos fondos contarán con comités técnicos integrados, que actualizarán las reglas de actuación de los fondos "al menos cada tres años".
Es decir, lo que se pretende es que el usuario final y el financiador (asesores, empresas comerciales o entidades financieras) establezcan un convenio mediante el cual el usuario autorice al financiador a recuperar su capital y costes de financiamiento a través de la factura eléctrica. Para acceder a esta financiación se requiere que el usuario tenga contrato de suministro con la compañía eléctrica y contar con permiso de CRE. La financiación será abonada a través de la factura eléctrica.
Además de garantizar el acceso abierto y no discriminatorio a las fuentes limpias, la ley prevé también estudiar la viabilidad de transitar a un esquema de precios de la electricidad en tiempo real o por periodos de uso, lo que supondría una paso más en la liberalización del mercado eléctrico. (Redacción)

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