Con la intensificación de la producción de energía solar fotovoltaica a escala mundial, la producción de residuos fotovoltaicos también va a aumentar exponencialmente. Hacer frente a este flujo requiere una acción proactiva de los gobiernos de todo el mundo, ya que hay varios desafíos involucrados en la implementación de un modelo eficaz de gestión de residuos fotovoltaicos.
La Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), creada en 2010 en Brasil, es ineficaz para gestionar adecuadamente los residuos fotovoltaicos, dicen los investigadores, lo que hace necesario un modelo regulatorio específico, que debe abordar con claridad los elementos que implican incentivos, inspección, la responsabilidad de cada actor en el proceso de gestión, directrices para orientar a las partes involucradas, sanciones, registro de información y un plan de seguimiento de los sistemas fotovoltaicos instalados, entre otros.
“La falta de regulaciones específicas es el principal desafío para los gobiernos”, dijo a pv magazine una de las autoras de la investigación, Vanessa Souza.
Esto se debe a que una base normativa específica suele implicar directrices para hacer frente a los demás desafíos, como la infraestructura y la instalación, la inviabilidad económica del proceso de reciclaje, la falta de tecnologías adecuadas para hacer frente a los múltiples diseños de los equipos existentes, las cuestiones de comportamiento de los consumidores y la ausencia de una base de datos que proporcione información precisa sobre la cantidad de residuos que se generan.
“Es crucial que el país promueva esta discusión y elabore este marco legal cuanto antes, porque la gestión de estos residuos, si se realiza correctamente, contribuirá positivamente a la sostenibilidad del país en su trípode (Ambiental, Económico y Social). Sin embargo, en ausencia de un modelo de gestión adecuado, los residuos comenzarán a acumularse y podrían convertirse en un grave problema de orden público para el país”, advierten los autores.
El artículo “Challenges and strategies for managing end-of-life photovoltaic equipment in Brazil: Learning from international experience” (Desafíos y estrategias para la gestión de equipos fotovoltaicos al final de su vida útil en Brasil: aprendiendo de la experiencia internacional) se publicó en mayo en la revista Energy Policy.
A falta de normativa específica, es habitual recurrir a reglamentos generales. En un intento de establecer las responsabilidades de las partes implicadas (fabricantes, importadores, distribuidores y comerciantes), Brasil ha impuesto la adopción del modelo de logística inversa (RL), de acuerdo con las directrices contenidas en el PNRSe de sus decretos reguladores. Sin embargo, al tratarse de una normativa general, no ha logrado promover adecuadamente la gestión de los equipos fotovoltaicos al final de su vida útil.
Dada la falta de una normativa clara que especifique las funciones de cada agente implicado en el proceso, lo que hemos visto es una tímida actuación de las partes implicadas (fabricantes, vendedores, consumidores, etc.) en lo que respecta a sus responsabilidades en la correcta gestión de los residuos fotovoltaicos. Por ello, a nivel mundial se observan habitualmente prácticas inadecuadas de eliminación, por ejemplo en vertederos comunes.
En los países europeos, los fabricantes son física y financieramente responsables del proceso de gestión de los residuos fotovoltaicos, de acuerdo con el principio de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) establecido por la Unión Europea. Esto solo ha sido posible porque la Unión Europea ha impuesto directrices específicas para tratar dichos residuos (Directiva 2012/19/UE) que incluyen, entre otros, elementos como la supervisión, los objetivos de recogida y las sanciones.
Aunque los sistemas de primera generación instalados en Brasil aún no hayan llegado al final de su vida útil, estimada entre 25 y 30 años, esto no significa que el país no esté desechando equipos fotovoltaicos, ya que el desecho puede ocurrir no sólo cuando los equipos llegan al final de su vida útil, sino también debido a daños causados durante el transporte, la instalación, o causados por incendios y mal tiempo, generando así la pérdida anticipada de los equipos.
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Los autores del artículo citan un estudio publicado por IRENA-IEA PVS (2016), que estimó que para el año 2030 Brasil debería generar alrededor de 2.500 a 8.500 toneladas de residuos fotovoltaicos, llegando a 300.000 a 750.000 toneladas en 2050.
El proyecto de ley crea una política para fomentar el reciclaje de paneles fotovoltaicos
El proyecto de ley 998/24 define normas para fomentar la reutilización, el reciclaje y la eliminación adecuada desde el punto de vista medioambiental de los paneles fotovoltaicos. La propuesta está siendo analizada por la Cámara de Diputados. El texto crea la Política de Fomento al Desarrollo de la Logística Inversa de Paneles Fotovoltaicos, que prevé fondos, líneas de crédito, sistemas de certificación e incentivos fiscales específicos para la investigación, la innovación tecnológica y la implantación de procesos.
Presentado por el diputado Benes Leocádio en marzo, el proyecto deberá ser analizado en la Cámara por las comisiones de Minas y Energía; Desarrollo Urbano; Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; Finanzas y Tributación; y Constitución y Justicia y Ciudadanía. Si se aprueba, será analizado por el Senado.
90% reciclable
Los estudios demuestran que, cuando se someten a un proceso de reciclado eficaz, se puede recuperar alrededor del 90% de los aparatos. Entre las sustancias que pueden recuperarse están el aluminio, el vidrio, los cables, el oro, la plata y el silicio, entre otros. Los residuos fotovoltaicos tienen potencial para ser utilizados en la fabricación de nuevos productos, como pinturas y revestimientos cerámicos.
Una opción relevante a explorar, especialmente en los países en vías de desarrollo, es la posibilidad de proporcionar una “segunda vida” a estos paneles mediante su puesta en servicio. Para ello, antes del proceso de desmantelamiento, debería realizarse una prueba de evaluación del sistema para determinar si está en condiciones operativas y puede repararse, reutilizarse o debe enviarse a reciclar. Además, suelen surgir nuevas oportunidades de empleo.
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